México, 10 Nov 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aún desconoce si la PGR aceptó o no las medidas cautelares solicitadas en relación con las cajas de seguridad retenidas a la empresa First National Security en Cancún, Quintana Roo.
Así lo señaló el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, luego de inaugurar el seminario internacional “La trata de personas en contextos de movilidad humana”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Explicó que la Comisión le ha pedido a la Procuraduría General de la República (PGR) que precise, pues originalmente, le preguntó solamente si aceptaba o no las medidas cautelares, pero la PGR respondió con una explicación sobre las medidas que se están tomando en el caso.
“No fueron precisos en señalar si sí o no, aunque dijeron: ‘estamos haciendo todo esto’ y por eso también dispusimos que personal nuestro se fuera Quintana Roo, precisamente, para atender a las personas”, explicó el ombudsman.
Sin embargo, aclaró que “no estamos en contra de que se investigue a quien haya cometido una conducta que deba ser investigada, pero también no estamos de acuerdo en que se afecten los derechos de terceros que no tengan que ver con esa indagatoria”.
De acuerdo con el ombudsman nacional, claramente hay una violación al derecho de seguridad jurídica de las personas que, sin formar parte de la indagatoria, se vieron afectadas por no poder sacar sus pertenencias de las cajas de seguridad de la referida empresa en Cancún.
Y precisamente por eso, personal de la CNDH se trasladó a esa ciudad, para dar acompañamiento en este tema.
En otro tema, González Pérez reiteró su condena a las autoridades de Estados Unidos, concretamente de Texas, por la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, ocurrida la víspera.
Lamentó que todavía exista la pena capital en algunos países y reiteró su advertencia en el sentido que, en el gobierno de Donald Trump, se está endureciendo la política en contra de los derechos humanos, incluyendo el derecho fundamental a la vida.
Sin embargo, reconoció que en todo momento, la cancillería mexicana activó todos y cada uno de los mecanismos que tuvo disponibles para solicitar evitar la ejecución, si bien las autoridades estadounidenses ignoraron dichos llamados.
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