Villahermosa, 30 Jul 2019.- El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) señaló que junto con organizaciones de la sociedad civil integrados en la red Todos los Derechos para Todas y Todos, promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la llamada «Ley Garrote».
Indicó que al igual que organismos como las comisiones estatal (CEDH) y nacional de los derechos humanos (CNDH), con facultades para promover estos recursos, también pueden hacerlo desde la sociedad civil.
En rueda de prensa, el coordinador jurídico del Codehutab, Efraín Rodríguez León, indicó que el recurso se presentará antes de los 20 días de plazo y ya hay contacto con Centro Pro, Artículo 19 y otras con experiencia en estos casos y a la vez se solicitará por escrito que lo haga la CEDH.
Para el Codehutab, dijo, la reforma es represiva incluso con la modificación hecha al artículo 308 bis del Código Penal, pues habla de castigar quien impida algún trabajo en petición de dádivas, trabajo o dinero.
«Y no hay que perder de vista que cuando los campesinos son víctimas de las empresas que le contaminan su medio ambiente, piden que se les pague el daño causado y eso para el gobierno es dádiva; o que les arreglen los caminos», expuso.
De esta manera, dijo, no sólo se les aplicará el artículo a los pseudosindicatos, sino a todos los que exijan reparación de daños.
Esta acción legal, consideró, es para blindar el actuar de las empresas petroleras y no les puedan hacer nada, pero son actividades contaminantes y cuando los afectados acuden a una autoridad no los atienden.
«Y cuando un ciudadano no tiene acceso a la justicia on el Estado hace oídos sordos a sus demandas, los orillas a tomar medidas radicales, como en este caso impedir el acceso de vehículos a los pozos petroleros para ser escuchados y sus demandas ser atendidas», abundó.
Esa es la dedicatoria de la «Ley Garrote», anotó.
Por su parte, la directora del Codehutab, Leonor Ramírez Bautista, expuso que en este año se llevan documentadas siete casos de represión contra burócratas, contra padres de familia por un problema escolar, a demandantes por daños de contaminación, entre otros.
Puntualizó que esto no puede ocurrir en un estado donde el presidente Andrés Manuel López Obrador construyó su capital político con base en estas prácticas que hoy se pretenden criminalizar.
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