Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
La ineficiencia o el poco interés
de parte de la autoridad para la
investigación de estos crímenes,
parece ser la constante, lo que da
por resultado que predomine la impunidad.
El tema es delicado. Oficialmente hay resistencia para reconocer su gravedad y, por lo mismo, no se da la atención debida por parte del gobierno, para llevar estadísticas, registros e información sobre el fenómeno de la violencia electoral. Bueno, y tampoco la Fiscalía General de la República ha mostrado ser muy diligente en la apertura de carpetas de investigación sobre los delitos. Los otros datos, son los que han recopilado, a través de investigaciones, consultoras y organizaciones de la sociedad civil como Laboratorio Electoral, Data Cívica, Alerta Democrática, Integralia, entre otros.
El caso es que la violencia en este campo ha aumentado en los últimos años, y el pronóstico para el futuro inmediato es preocupante. Frente al mayor proceso electoral de la historia, con elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas, en las que se disputarán 20,708 cargos de elección popular (629 federales y 20,079 locales), evitar la violencia electoral en sus diferentes manifestaciones, intimidaciones, secuestros, agresiones y homicidios, requerirá de mucho más que de simples abrazos, si de verdad se busca efectividad en la protección a los protagonistas del proceso electoral del 2 de junio.
Recientemente, el Colegio de México presentó una investigación denominada “Urnas y Tumbas”, sobre la violencia en las elecciones de 2021, en donde se analizan los 32 asesinatos cometidos en contra de aspirantes a cargos de elección popular, en el período que va del 20 de septiembre de 2020 al 7 de junio de 2021.
Aquí, algunas de las conclusiones del documento: la violencia electoral es eminentemente local, 27 de estos ataques fueron en contra de quienes buscaban un cargo municipal, sólo 4 iban por una diputación local y uno, por una diputación federal. Los ataques fueron, por lo general, en contra de opositores del alcalde en turno, 25 de los 32 casos, así se dieron, solo dos pertenecían al partido que gobernaba. Los homicidios ocurren sin previo aviso, sólo en dos se detectaron amenazas.
El crimen organizado asesina a los aspirantes políticos con el objetivo de obtener beneficios para sus actividades, favoreciendo a algún otro aspirante y estaría detrás de la mayoría de asesinatos a políticos. Los atentados alteran los procesos electorales, reducen las opciones del electorado al eliminar o intimidar a los candidatos, además de que el miedo afecta el comportamiento del votante.
Las cosas no pintan mejor en el proceso electoral 2023-2024. Según Data Cívica, 2023 fue el año con más agresiones cometidas contra políticos, desde el inicio del gobierno de la 4T, con 264 víctimas de violencia político-criminal. Inclusive superior a lo registrado en 2018 y 2021, con todo y que en esos años se celebraron comicios. Según esta agencia, de enero de 2018 a diciembre de 2023, 105 candidatos, precandidatos y ex candidatos fueron asesinados.
En este 2024, la violencia ha aumentado. El pasado mes de enero, resultó el más letal, de los últimos cinco años, para quienes aspiraban a un cargo de elección popular. En ese mes, fueron asesinados seis aspirantes de diferentes partidos. Uno más sufrió un atentado, pero, a pesar de resultar herido, logró salvar la vida.
De acuerdo al informe de Laboratorio Electoral, “Violencia Electoral proceso 2023-2024”, del 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de 2024, se registraron 50 casos de violencia electoral, 33 de los cuales culminaron en asesinatos (16 contra aspirantes a una candidatura electoral), 11 atentados, 4 secuestros o desapariciones y dos casos de amenaza grave. Los crímenes se concentraron en 13 entidades, siendo Guerrero, el estado de mayor incidencia con 8 casos, seguido por Michoacán y Veracruz, con 5 cada uno.
La ineficiencia o el poco interés de parte de la autoridad para la investigación de estos crímenes, parece ser la constante, lo que da por resultado que predomine la impunidad. En la mayoría de los casos no hay detenidos y cuando se abren carpetas de investigación, no se llega a fondo, además de que no hay manera de tener acceso a las carpetas. Hay una especie de conveniente opacidad oficial en la investigación de los casos de violencia electoral.
Preocupante la pasividad de la autoridad ante el fenómeno de la violencia electoral, más aún, cuando las investigaciones realizadas llevan a una coincidente conclusión, el narcotráfico constituye la principal amenaza para las próximas elecciones. Para rematar, la consultora Integralia advierte en su mapa de riesgos que, “como nunca antes”, el crimen organizado intervendrá en las elecciones locales de 2024.