Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Una compleja y difícil tarea le
espera al Instituto Nacional Electoral,
en la fiscalización de los gastos de
campaña de los partidos políticos,
en particular de Morena.
El Instituto Nacional Electoral fijó los topes de gastos para la campaña y precampaña presidencial para el proceso de 2024. Cada candidato podrá gastar 660.9 millones de pesos, en el primer caso, y 85.9 millones, en el segundo. Esto significa un incremento de 231 millones de pesos, respecto de lo autorizado para la campaña de los comicios presidenciales de 2018.
Los candidatos a una diputación federal podrán gastar como máximo 2.2 millones de pesos en la campaña. En el caso de los senadores, el monto máximo para la campaña varía entre 4 y 44 millones de pesos, dependiendo del número de distritos de la entidad federativa (Baja California, Campeche y Colima, tienen el tope más bajo y CDMX, Jalisco y Edomex, el más alto). El cálculo para determinar estos gastos está señalado por la ley electoral (Art. 243 LGIPE).
Este tema, junto con el de los actos anticipados de campaña y precampaña resultan los más delicados y sensibles en la simulación del proceso electoral virtual que vivimos. Está claro que, para el proyecto sucesorio oficial, la ley electoral vigente resulta incómoda, pues contiene una serie de requisitos, limitaciones, etapas y plazos que le impiden llevar el proceso electoral a modo, aunque se las han ingeniado para imponer su estilo, a pesar de la ley. No en balde se trata del partido en el poder.
En el caso de las precampañas y campañas, esto ya ni se discute. Todos los días nos enteramos por la prensa sobre los recorridos de la candidata presidencial por distintos estados de la República, en actividades que se parecen mucho a los actos de campaña, pues se hacen en plazas públicas, ante numerosos grupos de asistentes, algunos convencidos, otros acarreados, con reparto de obsequios y discursos y promesas de la oradora. Con eufemismos se evita caer en los supuestos de ley, y asunto arreglado.
Ahora surge otro problema que no se puede resolver con eufemismos, porque los recursos para pagar las no campañas tienen que tener un origen claro, definido y legal. Inclusive en el caso del utilizado en actividades de campañas para cargos internos del partido. La fiscalización de los manejos del dinero en el caso de Morena, puede convertirse en un dolor de cabeza para sus dirigentes. Solo hay que ver las movilizaciones para los mítines de su “Coordinadora de Comités de Defensa de la 4T” y el tiempo que lleva realizando recorridos y reuniones. Por lo pronto, y de manera oficial, 70 días para su campaña para la coordinación de la defensa de la 4T y, desde el mes pasado, ya con los poderes del bastón de mando, en un nuevo recorrido por el país que habrá de prolongarse varias semanas más.
Faltarán todavía dos etapas, esas sí, de acuerdo con la ley, precampaña y campaña presidencial, en las que, seguramente, echarán la casa por la ventana, y eso significará más gasto. Suponemos que Morena, como cualquier otro partido político tiene un presupuesto determinado. La pregunta es ¿de dónde saca el partido tanto dinero? Porque, el gasto de sus corcholatas en los 70 días de campaña, le costaron bastante más que los 5 millones que declararon haberles entregado a los contendientes. Al menos, a la favorita no creo que le hayan puesto un límite de gastos.
Una compleja y difícil tarea le espera al Instituto Nacional Electoral, en la fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos, en particular de Morena. Pero como se ven las cosas, y según ha trascendido, hay una división en el seno del Instituto. Un grupo de consejeros prefiere seguir actuando con benevolencia y generosidad ante las infracciones a la ley de parte del partido en el gobierno y evitar así, enfrentar la ira de Palacio Nacional. Otro grupo, busca exigir el cumplimiento de la ley y aplicar las sanciones correspondientes en los casos de violaciones, sin importar quién las cometa.
El desgaste del INE, al ser tan permisivo e indulgente en la aplicación de la ley en este proceso electoral, va a ser terrible e irreparable. Por tratar de quedar bien con el gobierno, está cavando su tumba. De continuar el proyecto de la 4T, su desempeño en el proceso servirá de justificación para llevar a cabo la reforma a fondo del Instituto o, quizás, hasta su desaparición, que tanto ha planteado el Ejecutivo. Porque el objetivo es que el gobierno tenga el control absoluto de los procesos electorales.
Al tiempo.