Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
La señora Piedra Ibarra, como otros
casos de funcionarios de Morena al frente,
ahora, de instituciones públicas, llegó
de improviso al CNDH, sin experiencia,
preparación ni conocimiento del organismo,
de su operación, de sus funciones y
menos de su calidad de órgano autónomo.
La semana pasada la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, se presentó, ante el Senado de la República, para rendir su quinto informe de labores al frente de dicha institución. De lo expuesto, lo que llamó la atención, no fue lo realizado durante su gestión, opaca y muy limitada, por cierto, sino la propuesta de desaparecer al organismo, por no responder ya “a las necesidades del pueblo mexicano”, según su afirmación.
La señora Piedra Ibarra, como otros casos de funcionarios de Morena al frente, ahora, de instituciones públicas, llegó de improviso al CNDH, sin experiencia, preparación ni conocimiento del organismo, de su operación, de sus funciones y menos de su calidad de órgano autónomo. Su arribo a la institución fue accidentada, tras una polémica contabilización de votos para su elección en el Senado, denuncias por incumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo, y severas críticas por su notoria cercanía con el jefe del Ejecutivo, que hacía temer un desempeño parcial. Lo que el tiempo confirmó.
La funcionaria superó el esquema de 90 por ciento de lealtad. Pues, si bien, el organismo tiene como objetivo la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos (Visión, CNDH) y la defensa de particulares ante los excesos del poder, la Ombudsperson se ha encargado de evitarle cualquier molestia o incomodidad al gobierno, omitiendo formular observaciones en contra de autoridades que violan derechos de la población.
En esa circunstancia, como lo afirma la presidenta del organismo, efectivamente, la institución no responde a las necesidades del pueblo mexicano, pero no por el diseño del organismo, sino por inacción, ineficiencia e incapacidad de sus funcionarios. Cambiarle el nombre, como lo propone la titular de la CNDH, por Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, no va a resolver las deficiencias de quienes dirigen el organismo.
La presidenta Piedra Ibarra no va a entender nunca que la esencia del organismo es ser un contrapeso al ejercicio del poder. Que su autonomía le permite realizar sus funciones con independencia y sin obstáculos y que su objetivo es procurar el respeto a los derechos humanos de toda persona, recibir quejas por presuntas violaciones a estos derechos y proporcionar atención y acompañamiento a las víctimas. Que actuar como aliada de la autoridad, es incongruente con la misión del organismo.
Coincidentemente con su rendición del quinto informe en el Senado, en Ginebra, Suiza, le tocó a nuestro país ser evaluado, por cuarta vez, sobre la situación de los derechos humanos, durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un examen que se aplica a los 193 países miembros de la ONU, para revisar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en exámenes pasados y los avances alcanzados en materia de derechos humanos. El último examen de nuestro país se realizó en 2018.
El informe sobre México, elaborado por un conjunto de organizaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no es favorable. Refiere que enfrentamos una crisis en derechos humanos, más grave ahora, que la evaluada en noviembre de 2018. Una crisis caracterizada “por factores estructurales como la violencia, la impunidad, la desigualdad y la debilidad del Estado de derecho.”
Que la negativa del gobierno federal a reconocer la continuidad de esta crisis, aludiendo a que, “en México, ya no se violan derechos humanos, ha exacerbado la situación y ha generado retrocesos en la garantía y protección de determinadas poblaciones y derechos… A ello se suma la resistencia al escrutinio internacional, los mensajes de deslegitimación a la observancia de la comunidad internacional – incluyendo la de las Naciones Unidas– y a las labores de observación de la sociedad civil organizada.”
Un duro diagnóstico, que, en sus conclusiones precisa que de las 262 recomendaciones emitidas a México, “existe un incumplimiento sustantivo…no se observan avances significativos.”
Pero la Sra. Piedra Ibarra, tiene otros datos. Afirma que no existe un hecho violatorio de derechos humanos que haya dejado de atender. Habría que recordarle su pasividad ante la violación de los derechos de los migrantes, su ausencia ante los ataques a periodistas, su silencio en los asesinatos de activistas, su complacencia con la militarización del país, su indiferencia en la desaparición de personas, para mencionar solo algunos temas en los que la CNDH ha sido omisa.