Miguel Tirado Rasso
Una propuesta, del estilo del personaje de Mario Puzo, El Padrino, es la que Morena ha planteado para reducir, en un 50 por ciento, el financiamiento público destinado a los partidos políticos. Y es que, quién llegara a resistirse u objetarla, y me refiero a cualquier político o instituto político, estaría cavando su propia tumba, política y existencial, pues está claro, después de los resultados de la elección presidencial del pasado primero de julio, que la ciudadanía está fastidiada, harta y decepcionada del “establishment.” De todo, o casi, lo relacionado con la política, los partidos, sus personajes y el sistema electoral mismo.
Mencionar los miles de millones que anualmente nos cuesta la operación de los partidos y, qué decir, de sus multimillonarios incrementos, cada vez que tocan elecciones federales, ha merecido siempre la crítica y el rechazo generalizado de una población que no ve satisfechas sus necesidades elementales, mientras observa que, por otro lado, los partidos políticos se reparten enormes tajadas del pastel presupuestal.
El financiamiento público vigente para los partidos, se aprobó tras intensas discusiones, como una medida para evitar que esas instituciones pudieran recibir recursos ilegales para fondear su proselitismo. “Una fórmula para prevenir la corrupción electoral”, pues, lo que, evidentemente, no funcionó. La disyuntiva estaba entre optar por el financiamiento privado o el público.
A fin de cuentas, los legisladores consideraron más conveniente priorizar la transparencia de la procedencia de los recursos destinados al gasto de los partidos, lo que se aseguraba si era la hacienda pública la que los otorgara, a pesar del costo que esto significaría para el país, sobre el apoyo privado, del que no siempre podría identificarse su origen. No obstante lo anterior, no habrían de eliminarlo del todo, aunque sí lo reducirían considerablemente.
Así en el sistema actual, los apoyos públicos para los partidos, en tiempos electorales, han superado cualquier cálculo, lo que ha derivado en una mala imagen pública de estos institutos, que ya de por sí estaban en la mira ciudadana por su pobre y no poco cuestionable desempeño, al menos, en el caso de algunos de ellos. Ejemplos sobran de los que operan u operaron como muy lucrativos negocios para sus fundadores que, sin el menor recato, buscan su sobrevivencia política a través de alianzas con otros partidos que, muchas veces, ni así lo logran, ante la carencia de principios, ideología, propuestas y militancia.
De acuerdo al cálculo del INE, para el año que entra, año no electoral, la bolsa a repartir entre los partidos registrados podría superar los 4 mil 700 millones de pesos. Suma que se calcula multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (casi 90 millones) por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivalente en este año a $80.60, de acuerdo con lo que determina la ley electoral vigente.
La distribución de ese monto se hace en función de los votos recibidos por los partidos políticos en la última elección federal. De esta manera, en 2019, a Morena le estarían correspondiendo más de 1500 millones de pesos; al PAN, 888 millones, y al PRI, 837.5. El resto se distribuiría entre los demás partidos: PRD, PVEM, MC y PT. En esta feria millonaria, los recursos aportados a los partidos políticos en este año, por ser electoral, ascendieron a poco más de 12,700 millones, mientras que en 2012, recibieron 11,039 millones de pesos.
Considerando semejantes cifras, no llama la atención que la propuesta de reducir el financiamiento a los partidos haya sido bien recibida por propios y extraños, aunque no deja de percibirse cierta jiribilla en el planteamiento. La idea es inobjetable, los partidos tienen que activar campañas para recaudar fondos a través de aportaciones de simpatizantes y cuotas de sus militantes, cosa, que prácticamente ninguno promueve, por lo que actualmente dependen, casi en un 100 por ciento, del financiamiento público. Algo ya insostenible.
Resulta que la dirigencia de Morena se encontró, como consecuencia del arrollador triunfo de su abanderado presidencial, con un monto de financiamiento nunca imaginado, así que no le costó trabajo proponer la renuncia del 50 por ciento de lo que les tocaría el próximo año, que, de cualquier manera, les quedaría una cantidad nada despreciable, cerca de 800 millones de pesos, sin olvidar su condición de partido en el poder, que no es algo menor.
El planteamiento morenista resulta una jugada de tres bandas. Se ajusta al principio de austeridad, que es un compromiso del casi presidente electo; queda bien con la población, al atender el reclamo popular de reducir el financiamiento a los partidos políticos, y le pega a los partidos de oposición en donde más les duele al rebajarle a la mitad los apoyos públicos, que, dado sus magros resultados electorales, no son muy cuantiosos, limitando sus posibilidades para constituirse en una oposición competitiva.
Por esto último, es importante considerar los efectos de esta propuesta y evitar que se caiga en la tentación de ahogar a los partidos de oposición, afectando la equidad entre los partidos y convirtiendo a Morena en un instituto hegemónico, al estilo del PRI de hace 50 años.
La reforma para cortar el financiamiento público en un 50 por ciento, debe considerar otros cambios legales para que los partidos puedan promover el apoyo privado y tengan oportunidad de completar, aunque sea en parte, lo que no pudieron obtener por su fracaso electoral. Equilibrar las aportaciones “para que pueda haber mayor equidad”, como lo señala el consejero electoral, Benito Nacif, “…una reforma integral… que no sea una medida unilateral impuesta por la mayoría, sin tomar en cuenta a todos.”
Importante y oportuno comentario, el del consejero electoral, para tomar en cuenta, para la buena salud de nuestro sistema democrático.