Miguel Tirado Rasso
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Además de que los próximos comicios serán los más grandes de nuestra historia político-electoral, con 18,311 cargos federales (629) y locales (17,682) en disputa y un potencial de electores de 88 millones 552 mil 926, de acuerdo a la lista nominal publicada por el Instituto Nacional Electoral (INE), este proceso incluye una innovación histórica al abrir las puertas de la competencia electoral a ciudadanos sin partido en la carrera hacia Los Pinos y al Senado.
Las candidaturas independientes, ya se habían incluido en las elecciones federales para las diputaciones al Congreso de la Unión de 2015, por el principio de mayoría relativa, en base a las nuevas disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de mayo de 2014, que abrogó al COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2008).
Así pues, la posibilidad de participar por el cargo político más importante del país, despertó la motivación de decenas de aspirantes sin partido, independientes los denominó la ley, que acudieron ante la autoridad electoral para manifestar su intención de inscribirse en el proceso. De 86 solicitudes recibidas, el INE registró a 46, eliminando al resto por incumplimiento de requisitos elementales (residencia, ciudadanía, edad, etc). De estos, sólo 6 continuaron con la etapa de obtención de las firmas requeridas para su registro como candidatos, 866,593, distribuidas en, al menos, 17 estados.
Al cierre del plazo para obtener las firmas, la autoridad registró a los tres aspirantes que cumplieron con este requisito, según los documentos entregados. Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León con licencia, presentó 2 millones 034 mil 403 firmas; Armando Ríos Piter, el senador con licencia, un millón 765 mil 599 y Margarita Zavala, registró 1 millón 578 mil 774 apoyos. Números impresionantes que, sin embargo, no resistieron la revisión de la autoridad, que detectó irregularidades que invalidaron un alto porcentaje de las firmas recabadas.
Y bueno, con la invalidación de firmas, los números de los dos aspirantes mencionados en primer lugar no alcanzaron para obtener su constancia de candidatos. Y es que entre credenciales de elector simuladas, fotocopias, documentos no válidos, apoyos duplicados con otros aspirantes, personas no localizadas en lista nominal, entre otros, mucho de esos apoyos fueron anulados.
En el caso del gobernador con licencia, sólo el 41 por ciento de las más de dos millones de firmas presentadas, fueron validadas por la autoridad. Más de la mitad (59%) fueron anuladas por irregularidades, por llamarle de alguna manera. El del aspirante Ríos Piter, que causó una muy buena impresión en su presentación ante los banqueros del país durante su Convención nacional en el Puerto de Acapulco, es todavía más grave. Del total de apoyos presentado, sólo le validaron 242 mil 646 firmas del millón setecientas mil y pico entregadas. Esto es, el 86 por ciento resultaron improcedentes.
Margarita Zavala si libró el corte y tiene derecho a su constancia como candidata, la única independiente hasta el momento, a pesar de la invalidación de 45 por ciento de los apoyos presentados que también contemplan irregularidades similares a los de sus colegas aspirantes, aunque en menor proporción. Pero esto no libra a la ex primera dama de la crítica por haber presentado apoyos, llamémoslos, irregulares.
Errores, descuido o dolo. Importa averiguar y aclarar, con independencia de la descalificación correspondiente, al no cumplir con el número de firmas requeridas. Porque no se trata de un asunto menor. Estamos hablando de aspirantes a la primera magistratura del país sobre los que queda la duda si hubo o no intención en cumplir con los requisitos a como diera lugar, por las buenas o por las malas, y, eso, deja muy cuestionados su ética y sus principios.
Y no es el caso de, como afirma ya sabes quién, en su fase redentora, que todos los aspirantes independientes merecen estar en la boleta, bajo el principio de que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados, porque entonces estaríamos vulnerando el estado de derecho y anulando la seguridad jurídica.
Para qué legislar y establecer requisitos, entonces, si al final no se exige su respeto y cumplimiento. Bajo esa premisa, habría que permitir la participación de todos, sin limitación, y reincorporar a los otros 80 aspirantes independientes que el tribunal descartó, desde un principio.
Recientemente, el Consejo de la Judicatura Federal anuló, en una acertada decisión, el concurso para la designación de jueces de Distrito, al haber detectado el robo y presunta venta de exámenes a algunos concursantes, lo que “comprometía la transparencia y confiabilidad del concurso”. Y es que, qué se podría esperar de un juez que hace trampa para ocupar el cargo. ¿Con qué calidad moral impartiría justicia?
Con las diferencias del caso, ¿habría que aceptar y proteger a quién trampea el procedimiento para aparecer en una boleta electoral? Ya no se diga, si es el caso de la competencia por la silla presidencial.
Nuestro país no se merece esto. Es imperativo exigir el cumplimiento de las leyes y el respeto al estado de derecho. El caos no nos ayudará a mejorar el país.