Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
El turno para que hablen unos,
los candidatos, y deban callar otros,
los gobernantes, de acuerdo con el
ordenamiento de la legislación electoral.
La madre de todas las elecciones, el mayor proceso por número de cargos de elección popular (20,708) y de posibles electores (99,023,975), en la que, por primera vez, se realizarán elecciones simultáneas, a nivel federal y estatal, en las 32 entidades de la República, inició formalmente, en su etapa final, el pasado primero marzo, previo a la fecha de la elección, con el período de campaña. El turno para que hablen unos, los candidatos, y deban callar otros, los gobernantes, de acuerdo con el ordenamiento de la legislación electoral.
Porque en la muy reformada ley electoral vigente, a lo largo de los años se fueron incluyendo modificaciones y ajustes a petición de las fuerzas políticas de la oposición que se sentían avasallados por un partido casi único, hegemónico, que se había mantenido en el poder a lo largo de 7 décadas. Los reclamos de piso parejo en la lucha por el poder, llevaron a establecer límites y restricciones a los funcionarios del gobierno para evitar el uso de los recursos públicos en apoyo a sus candidatos, en tiempos electorales.
También lograron, los de la oposición de entonces, que se prohibiera al jefe del Ejecutivo intervenir de cualquier forma en los procesos electorales, incluyendo la promoción de obras de gobierno y expresiones relativas al proceso electoral, justo en época de campaña, por la influencia del peso del poder presidencial. La ley quedó con restricciones extremas que, ahora en el gobierno los que, como oposición, demandaron esas reformas, tratan de evadir su cumplimiento.
La más difícil que se cumpla, es la que prohíbe al Ejecutivo hablar sobre los comicios, apoyar a los candidatos de su partido, promover los programas sociales y obras del gobierno y formular descalificaciones a los candidatos de la oposición.
El anuncio de Palacio Nacional sobre la gira que realizará el jefe del Ejecutivo por 23 estados de la República, en coincidencia con el inicio del período de campaña electoral, constituye un mal mensaje. Por lo pronto, los estados que piensa visitar, son los gobernados por Morena y cabe el sospechosismo que, más que supervisar la reestructuración del sistema de salud para dejarlo mejor que el de Dinamarca, según su afirmación, lo que revisará serán las estrategias de apoyo que darán los gobernadores a su candidata presidencial.
El presidente López Obrador, no parece estar dispuesto a hacerse a un lado del proceso electoral. Menos en la etapa final. Está claro que el proceso de la sucesión presidencial se ha llevado a cabo de acuerdo a su diseño, que no tiene nada que ver con las formas ni los tiempos establecidos por la ley. Para posicionar sin problemas a quién él había decidido postular, adelantó, por mucho, las fechas tradicionales del destape. En julio de 2019, anunció los nombres de las corcholatas que competirían por la postulación presidencial, lo que dio una muy conveniente ventaja para la auto promoción de la que sería la elegida.
El juego de la sucesión ha seguido la ruta que el Ejecutivo ha trazado. Al mejor estilo de los tiempos de la aplanadora priista, la candidata oficial ha recibido los apoyos del sistema, con la diferencia de que, si bien, en aquellos tiempos, los candidatos presidenciales tenían libertad en el manejo de sus campañas, ahora prevalece la sombra del Ejecutivo. El primer Mandatario interfiere con comentarios y ataques a la candidata opositora, con declaraciones que hablan de la continuidad de su proyecto político, con el envío de iniciativas de reformas constitucionales al cuarto para las doce y con recorridos “privados” por el país, en tiempos de campaña. Todo para no perder protagonismo en la sucesión y, a su manera, seguir guiando y controlando los pasos de campaña de su candidata.
Está visto que el Primer Mandatario no está dispuesto a acatar la ley que lo obliga a marginarse del proceso electoral. No quiere correr riesgos de una posible derrota y siente que su peso político y su popularidad son determinantes para asegurar el triunfo electoral de la candidata morenista, de la que duda que pueda ganar sin su ayuda. Seguirá, pues, violando la ley, cuantas veces lo considere necesario para el apoyo de su causa y si la autoridad se atreve a formular alguna medida cautelar en su contra, reaccionará con descalificaciones, considerándola enemiga de su gobierno y acusándola de tratar de boicotear la transformación del país.
Vaya tarea que le espera a las autoridades electorales.