Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Y que, precisamente, esta separación
de poderes, busca que funcionen como
contrapeso, para impedir que alguno de ellos
predomine sobre los demás.
Que el poder detenga al poder, decía Montesquieu.
Justo lo contrario a las pretensiones de la 4T.
En el estilo de gobernar de la 4T, no hay medias tintas. Así quedó de manifiesto cuando el titular del Ejecutivo, hace un tiempo, hizo un llamado a los actores de la vida pública del país a definirse a favor o en contra de su proyecto de gobierno (junio 2020, Veracruz). Las posturas moderadas no tienen cabida, fue el mensaje. Y vaya que la paga caro quien disiente de los mandatos de Palacio. Sin importar de quien se trate, como es el caso de las autoridades judiciales que, en el ejercicio de sus funciones, han emitido resoluciones contra actos de gobierno que violan ordenamientos legales que afectan derechos consagrados por nuestra Constitución.
Porque la interpretación de cualquier resolución que contravenga lo ordenado desde Palacio Nacional, es considerado un complot para boicotear al gobierno y, en consecuencia, un ataque de los enemigos del régimen. Y como, para la Cuarta Transformación, eso de que “la ley, es la ley”, no opera, resulta que su enemigo favorito es todo el Poder Judicial, o casi, por su responsabilidad en imponer el imperio de la ley. Las prisas, la incompetencia, el descuido o la ignorancia, de los legisladores y funcionarios de Morena los llevan a cometer errores en su desempeño, lo que da a lugar a impugnaciones con final feliz para unos y frustración y enojo para otros.
En este contexto, y con más ánimo de control y sometimiento que de acabar con supuestos privilegios, lujos y excesos de los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), que extingue 13 de los 14 fondos y fideicomisos con que cuenta este Poder, cuya suma, $15 mil millones de pesos, tendría que entregar a la Tesorería de la Federación, sin que quede claro el destino que se le daría a esos recursos.
Este bazucazo palaciego, va dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en particular a su presidenta, Norma Piña, a quien la 4T no le perdona que, en el ejercicio de su función, anteponga su independencia, autonomía y la observancia y respeto a la ley. Sabemos que todo ente autónomo es considerado un obstáculo para el proyecto de gobierno de la 4T, y que la estrategia es, desaparecerlos, debilitarlos o someterlos. Con diferentes resultados, esto se ha intentado con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.
Lo grave es que, ahora, se elevó la mira hacia uno de los tres poderes de la Unión, el Judicial, que, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, conforman el Supremo Poder de la Federación (Art. 49, Constitución). Cada uno autónomo e independiente. Y que, precisamente, esta separación de poderes, busca que funcionen como contrapeso, para impedir que alguno de ellos predomine sobre los demás. Que el poder detenga al poder, decía Montesquieu. Justo lo contrario a las pretensiones de la 4T.
Ante la imposibilidad de contar con una Suprema Corte a modo, Morena busca debilitarla quitándole recursos que afectarán, necesariamente, la operatividad del Poder Judicial Federal, limitando el acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad, además del grave daño que se causará a miles de sus trabajadores, más de 50 mil, en sus derechos adquiridos, tanto laborales como de seguridad social (pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro). Derechos reconocidos en la Constitución, en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, así como en tratados internacionales, como el T-MEC.
Por si hubiera duda sobre la intención revanchista en contra de la SCJN, los ataques a los ministros y a su presidenta se han recrudecido. Se insiste, sin aportar elementos, que el Poder Judicial se pudrió, que se vive una corrupción incontrolable. Que con la ministra Norma Piña se abrieron las compuertas de la corrupción. Pero la razón es más simple. Hay irritación porque resoluciones de la Corte han declarado insubsistentes leyes aprobadas al vapor, por violaciones en su contenido y forma.
Más tendrán de que quejarse, porque en el proceso para la aprobación de la iniciativa que cancela los fideicomisos, los legisladores de Morena incurrieron, una vez más, en violaciones al reglamento interno, lo que las hace impugnables. Además, por las afectaciones a los derechos adquiridos de los trabajadores, los amparos se multiplicarán, con altas probabilidades de éxito.
La bancada morenista cumplió con la instrucción de Palacio y, sin entrar a fondo en el análisis del tema, la aplanadora oficial aprobó la desaparición de los fideicomisos. Las represalias contra la Corte, marchan incontenibles.