Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR
Al momento de escribir este artículo faltan menos de 48 horas para la elección más grande de la historia de México y la más importante también. Y no es una exageración. Para dimensionar su tamaño, hay que recordar que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el domingo 1° de julio, poco más de 89 millones 120 mil ciudadanos mexicanos podrán ir a votar (51.85% son mujeres y 48.15% hombres). En juego estarán casi 18,300 puestos de elección popular, entre los que destacan a nivel federal la Presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías; a nivel local, en 30 entidades federativas se elegirán 8 gubernaturas y 1 jefatura de gobierno, 972 diputaciones, 1,596 presidencias municipales y 16 alcaldías, entre otros puestos. Todo ello ha implicado e implicará el día de la elección un gran despliegue logístico y operativo sin precedente. Por ejemplo, se imprimieron más de 500 millones de boletas electorales, se capacitaron cerca de 1 millón 400 mil funcionarios de casilla y el día de la elección se instalarán cerca de 156,800 casillas a lo largo y ancho del país.
También es la más importante, a pesar de que haya quienes digan que en elecciones previas se ha dicho lo mismo en cada una de ellas. Y en efecto, en 1994 se dijo que esa elección era la más importante principalmente por los eventos de ese año (levantamiento zapatista y asesinatos políticos) y la consecuente incertidumbre que amenazaba la estabilidad política y social. En la elección del año 2000 se dijo lo mismo ante la posibilidad real de “sacar” por primera vez al PRI de la presidencia y dar así un salto cualitativo en términos de nuestro sistema democrático (cuya reforma en 1996 fue trascendental para crear un piso más parejo). Posteriormente en el año 2006, la importancia radicaba en que por primera vez en la historia de México un partido o una coalición de izquierda tenía posibilidades reales de acceder al poder y con ello dar un giro a nuestra visión como país. La elección de 2012 se consideró también importante por la posibilidad de una nueva alternancia, terminando así con los gobiernos de transición, pero sobre todo por los retos y desafíos que enfrentaba el país en materia de seguridad.
En la elección de este año no solo se conjugan muchos de esos mismos elementos: nueva alternancia, posibilidad de tener gobierno(s) de izquierda (por primera vez en la Presidencia) e inseguridad desbordada, sino que se añaden otros que han hecho mella en el ánimo de la población: corrupción galopante, pobreza que no cede, desigualdad conspicua, gobiernos ineficaces, lo cual se ha traducido en hartazgo hacia la clase política y gobernante en general. Todo ello ha producido un encono social que se ve agravado por la inseguridad y por la difusión de noticias falsas, principalmente a través de las redes sociales, que buscan amplificar los problemas y desinformar a amplios sectores de la población con fines específicos. La importancia de esta elección radica justamente no solo en el cambio de políticas públicas derivado de un gobierno de izquierda o de derecha. Tampoco es solo una apuesta de futuro versus una añoranza del pasado como se ha señalado. Evidentemente esos aspectos cuentan y son relevantes, pero lo que está en juego en esta elección va más allá de eso y es la preservación, consolidación y construcción de instituciones que nos den gobernabilidad y viabilidad de largo plazo como nación.
Nada sería más perjudicial para nuestro país en estas elecciones que un brote de violencia que pudiera poner en duda los resultados y la gobernabilidad misma. Desde antes de la jornada electoral ya se han producido ataques y asesinatos de candidatos federales y locales, debido principalmente a la infiltración del crimen organizado en las campañas y a su deseo de imponer candidatos. Asimismo, se ha buscado sembrar desconfianza respecto a legalidad y legitimidad del proceso mediante la difusión de información falsa. Por su parte, la polarización del debate público, derivada en gran medida por las campañas negativas, tampoco contribuye a una distensión social. Ya el día de la elección, existe el riesgo de que grupos radicales (políticos o del crimen organizado) intenten impedir la instalación de casillas (aunque esto generalmente se circunscribe a ciertos lugares a nivel local) y posteriormente manipular la opinión pública a través de información falsa o tendenciosa. Finalmente, existe el riesgo de que los mismos candidatos se autoproclamen triunfadores antes de conocer los resultados, que desconozcan los resultados (en caso de serles adversos) y que por ende lleven a sus simpatizantes a escenificar protestas y conflictos. Todos estos riesgos, así como muchos otros que no han sido aquí abordados, pueden o no materializarse, pero en conjunto pueden eventualmente afectar la certeza del proceso, crear desestabilización y, en un caso extremo, perturbar la gobernabilidad del país.
Este 1° de julio los diferentes sectores de la sociedad debemos ser prudentes, evitar acciones de violencia y desinformación, pero sobre todo ser protagonistas –mediante la emisión de nuestro voto– del desarrollo democrático de nuestro país. Ya después, quienes resulten electos tendrán la ardua tarea de demostrarnos si están a la altura de los retos del país y de una ciudadanía que solo busca progresar económica y socialmente en un ambiente de paz, seguridad y felicidad.