Mtro. Jorge Luis Velázquez Roa
La semana pasada se publicó el más reciente informe del Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index en inglés) a nivel mundial. Dicho índice es elaborado y publicado por el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) que es un organismo multidisciplinario e independiente que busca promover el fortalecimiento del Estado de Derecho en todo el mundo. México sale muy mal evaluado no solamente en términos absolutos sino incluso cuando se compara a nivel regional y con países de ingreso similar. Si partimos de la base que el Estado de Derecho importa para el desarrollo ¿no deberíamos cuestionar a aquéllos que actualmente buscan el poder sobre las propuestas concretas que tienen al respecto?
Si bien no existe una definición única del complejo concepto de Estado de Derecho, el término se refiere en general a aquella situación en un país en la que de manera general y permanente la ley se respeta y se hace cumplir. Incluso es común que el término en inglés (rule of law) se traduzca como “imperio de la ley” al español.
No obstante, el índice publicado buscar ser una herramienta que permita medir el Estado de Derecho en la práctica y, en ese sentido, evalúa -a través de encuestas a la población en general y cuestionarios dirigidos a expertos practicantes y académicos- cómo se experimenta y se percibe por el público en general en el día a día. En otras palabras, el índice ofrece una medida cuantitativa del grado en que los países se apegan al Estado de Derecho en la práctica. Para ello, el índice evalúa 44 indicadores agrupados en ocho factores: Restricciones o límites a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia criminal.
La más reciente edición del índice (2017-2018) coloca a México en la posición 92 de 113 países evaluados y en la posición 25 de los 30 países considerados en América Latina y el Caribe. De la misma forma, México ocupa el lugar 34 de los 36 países catalogados como de ingreso medio alto a nivel mundial. Dichas posiciones no deberían de sorprendernos si tomamos en cuenta las historias de corrupción, impunidad y opacidad que oímos todos los días en nuestro entorno cotidiano; sin embargo, no por ello dejan de ser una tragedia para nuestro país. No solamente caímos cuatro posiciones a nivel mundial respecto a la edición anterior del índice (2016), es decir que seguimos empeorando, sino que además estamos por debajo de países latinoamericanos que sufrieron guerras civiles hace relativamente poco tiempo, como El Salvador que se ubica en la posición 79. Para dimensionar la gravedad de nuestra situación, baste mencionar que México solo es superado -con una peor posición- en América Latina y el Caribe por Guatemala (posición 96), Nicaragua (99), Honduras (103), Bolivia (106) y Venezuela (113) que ocupa en último lugar no solo a nivel regional sino a nivel mundial.
De los ocho factores apuntados arriba, solo en el de gobierno abierto que evalúa el derecho y el acceso a la información pública, entre otros aspectos, sale México más o menos bien librado al ubicarse en el lugar 36 de los 113 países evaluados. De ahí en fuera, en ninguno de los siete factores restantes logra México estar cerca de la media. Por si no fuera suficiente, en cuatro factores México ocupa los últimos lugares: Justicia penal (lugar 105 de 113), ausencia de corrupción (102/113), justicia civil (100/113) y orden y seguridad (99/113).
Si se hace un análisis a nivel de los indicadores o sub-factores, los seis con peor calificación en el caso mexicano son (en orden descendente): “el sistema correccional es efectivo en reducir el comportamiento criminal”, “los funcionarios públicos en el poder legislativo no utilizan su puesto público para obtener beneficios privados”, “los funcionarios públicos son sancionados por malas conductas”, “el sistema de investigación criminal es efectivo”, “la justicia civil no está sujeta a retrasos irracionales” y “el sistema criminal es imparcial”. ¿Alguna sorpresa en que estos indicadores sean los peor evaluados en el caso mexicano?
Más allá de críticas o argumentos metodológicos -que sin duda pueden existir y ser válidos-, el Índice de Estado de Derecho muestra claramente graves deficiencias de nuestro país en varias dimensiones. No existe actualmente agenda pública más importante y trascendental en México que la de crear las condiciones para que prevalezca y se fortalezca el Estado de Derecho en el país.
Diversos estudios económicos y de la ciencia política han apuntado y aportado evidencia sobre la importancia del Estado de Derecho como fuente de instituciones sólidas, crecimiento económico, justicia social y, en última instancia, mayor desarrollo (no es casualidad que los países mejor posicionados en el Índice de Estado de Derecho sean los países más desarrollados o de ingreso alto a nivel mundial). Por lo tanto, no es un asunto meramente económico o político, incide también en la forma en que la sociedad en general se relaciona, convive y se desenvuelve, y por lo mismo toca todos los ámbitos de la vida de las personas y del país. No es por lo mismo una tarea que solo ataña a los abogados o expertos en leyes, también demanda el involucramiento de expertos en otras ciencias sociales y sobre todo de la clase política para impulsar los cambios necesarios.
La idea – actualmente muy en boga- de que solo combatiendo la corrupción se podrá llegar a un pleno Estado de Derecho es una idea falsa. De hecho, el combate a la corrupción será una ilusión si no existe un sistema de justicia eficiente. El combate a la corrupción es sin duda una condición necesaria, pero no suficiente. Si México desea salir de su manifiesto aletargamiento que lo caracteriza desde hace ya muchos años e incorporarse al mundo desarrollado, es indispensable que junto al combate a la corrupción se creen pesos y contra-pesos efectivos en y entre los distintos poderes gubernamentales; que la rendición de cuentas por parte de esos mismos poderes y los ciudadanos también sea la norma; que se creen condiciones de seguridad y para una verdadera impartición de justicia, y que las instituciones públicas se caractericen por su transparencia y apertura.
Tal vez sería oportuno preguntar a los candidatos que actualmente se encuentran en (pre)campaña, qué piensan y sobre todo qué propuestas y acciones concretas tienen para tan espinoso asunto. Es impostergable revertir las graves deficiencias y emprender las reformas necesarias para evitar un mayor deterioro del Estado de Derecho en nuestro país; o bien, continuar en el camino hacia una decadencia anunciada.