Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR
Si el año pasado fue un parteaguas político en la historia contemporánea de nuestro país, este 2019 marcará sin duda nuestro devenir como nación en los siguientes años, probablemente por décadas. Decir lo anterior pareciera una obviedad, pero en realidad se trata de algo más que el arribo de un nuevo gobierno con su consecuente proceso de acomodo, adaptación y estilo de gobernar. A diferencia de lo que ocurría cada seis años, ahora tenemos un escenario inédito en el que habrá cambios radicales no solo por la visión distinta y la forma de abordar los problemas que nos aquejan, sino por la concepción misma de lo que representa lo público y el ejercicio del poder.
Las sorpresas en la toma de decisiones serán la norma, tanto por las decisiones mismas como por la forma en que habrán de tomarse, sin argumentos técnicos o sin mayor evidencia que las respalde; contrario a la tendencia internacional, principalmente en los países desarrollados, en donde el diseño, implementación y revisión de políticas públicas se hace cada vez más con base en evidencia (de los impactos, costos, beneficios, de lo que da resultados o no) y en la consulta de las partes interesadas, a través de foros y de especialistas, entre otros. Ejemplos de ello son la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (la cual no fue sustentada mediante un análisis costo-beneficio y en teoría se quiso sustentar con una consulta popular sin ningún rigor que asegurara su validez), la conformación de la Guardia Nacional (aún antes de tener un sustento jurídico) o la puesta en marcha de nuevos programas en la Secretaría de Agricultura (sin reglas de operación).
Al mismo tiempo, otra constante será la confrontación pública entre el nuevo gobierno y diferentes poderes y actores de la vida pública, que en el fondo reflejará un reacomodo en las relaciones de poder. Un ejemplo de ello se vivió con la promulgación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores, la cual ha sido impugnada a través de controversias constitucionales por parte de diferentes organismos autónomos y de igual forma ha sido objeto de demandas de amparo por parte de diversos servidores públicos, e incluso generó abiertas discrepancias entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Todo lo anterior conlleva riesgos importantes. Por una parte, en tanto las confrontaciones entre los distintos poderes e instituciones sean resueltos mediante los cauces de la legalidad, esto no debería de tener mayores repercusiones, ya que serían simplemente la expresión de las diversas posturas que de manera natural pueden tener los diferentes poderes e instituciones públicos; sin embargo, si de manera abierta o subrepticia se buscan resolver estas confrontaciones por cauces no legales, esto puede derivar en el rompimiento del orden institucional establecido. Por su parte, mientras las decisiones de política estén basadas en creencias, deseos, inclinaciones ideológicas o caprichos, se corre el riesgo de que los resultados de las mismas no sean los esperados por más bien intencionadas que éstas sean.
Dado que las decisiones y acciones que se tomen este año que recién inicia determinarán el rumbo de la nueva administración, es de esperarse cambios radicales en diversos ámbitos. Así, en su afán por cumplir con las grandes expectativas de transformación creadas entre la población, el nuevo gobierno puede verse tentado a tomar ciertos riesgos que sin duda marcarán –para bien o para mal– el futuro de nuestro país. Esperemos que sean para bien.