Caracas, 31 Jul 2017.– La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se declaró hoy en rebeldía hacia la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro y elegida el domingo con un “presunto” resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Señaló que con la Constituyente estará en peligro la ley en Venezuela ante una “ambición dictatorial”, y la calificó como un “irrespeto del gobierno al pueblo”.
Señaló que el gobierno va tras su cabeza para evitar que siga investigando casos de corrupción, de los cuales destacó el pago a la constructora brasileña Odebretch de 30 mil millones de dólares.
“Hemos corroborado y hay muchos funcionarios activos que aparecen involucrados en estas irregularidades. Quieren que se protejan de forma inconstitucional dictando sentencias contra el Ministerio Público, quieren protegerse del desfalco a la nación con un falso discurso antiimperialista”, recalcó.
Afirmó además que el gobierno busca conformar una lógica que busca “ejercer el poder sin límite alguno”.
“Estoy aquí para desconocer la Constituyente presidencial, que criticamos desde su origen proceso y sus presuntos resultados”, señaló Ortega en una explosiva declaración que leyó en el Ministerio Público.
Dijo que tras los resultados de la elección constituyente, que el CNE anunció que recibió el apoyo del 41.53 por ciento del padrón electoral, equivalentes a 8.08 millones de votos, esta Asamblea no tiene “legitimidad”.
Ortega dijo que el presidente quiere la Constituyente para mantenerse en el poder y para beneficio del gobierno como una “burla al pueblo y a su soberanía”.
“Veremos un poder absoluto en manos de una minoría, mucho poder y un grupito detentándolo. Un mecanismo que acabará con el sufragio, aquí no habrá más elecciones, no habrá separación de poderes, que es una garantía de control de la administración pública», afirmó.
«Se acabará la ley, que está ya golpeada, el derecho a manifestarse públicamente, la libertad de expresión. Todos los derechos están peligro ante una ambición dictatorial”, señaló Ortega.
La jefa del Ministerio Público dijo que todo ocurre cuando Venezuela vive la “más cruenta crisis política, económica y social que hayamos padecido”, agudizada por la escasez de alimentos y medicinas, algo “inimaginable incluso en países en guerra”.
Agregó que ante los términos “inconstitucionales e ilegales” en que se realizó la elección de la Constituyente se acoge al artículo 333 de la Carta Magna que indica que la Constitución “no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella».
«En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridades tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
La fiscal señaló que no hay forma de auditar los resultados anunciados por el CNE y que por lo tanto “me mantengo a frente de mis responsabilidades al frente del Ministerio Público y no lo voy a abandonar”.
Ortega confirmó que durante las manifestaciones del domingo durante la elección murieron 10 personas en todo el país, lo que aumentó a 121 las víctimas fatales desde que comenzaron las protestas contra el gobierno en abril pasado, además de mil 958 heridos.
Dijo que el 25 por ciento de la víctimas es atribuible a la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y el 40 por ciento a grupos de civiles armados que actúan contra las manifestaciones.
Advirtió que esto configura un padrón de delitos de violación de derechos humanos de lesa humanidad, respecto a la cual se emprenderá acciones en la justicia internacional.