Caracas, 9 Ago 2017- La comunidad internacional ha incrementado la presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras la nueva Asamblea Constitucional asumió aún más poder al declararse como el órgano superior de todas las demás instituciones gubernamentales.
Este martes, en Lima, representantes diplomáticos de 12 países de América, encabezados por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, México y Uruguay, aprobaron una declaración en la que condenan una «ruptura del orden democrático» en Venezuela y desconocen la Constituyente y sus actos.
Países como Colombia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también desconocieron la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Ante la instalación y las decisiones tomadas por la ANC, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que la comunidad internacional debe adoptar más medidas para presionar al gobierno de Maduro.
Al respecto, el presidente Maduro propuso un «diálogo regional» con los países de Latinoamérica que le acusan de una «ruptura» de la democracia y desconocen su Asamblea Constituyente.
Maduro hizo el planteamiento en Caracas durante una reunión de cancilleres del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América), grupo de gobiernos aliados del mandatario entre los que figuran Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador,
El presidente venezolano aseguró que la presión internacional en su contra responde a una campaña de Estados Unidos para desatar una intervención internacional en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras en el mundo.
«Venezuela es el mayor botín, la joya de la corona, así se dice en los pasillos de Washington», manifestó Maduro.
En este sentido, el país petrolero atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, precipitada por el derrumbe de los precios del crudo, y expresada en una inflación de tres dígitos, recesión y escasez, que obligan a los venezolanos a pasar horas en colas para comprar alimentos y medicinas.
Muchos en la nación de 30 millones de habitantes dicen que no pueden permitirse tres comidas al día y que cada vez más deben complementar sus dietas con las frutas que cuelgan de los árboles en las calles.
La declaración de Lima, que alerta de la «violación sistemática» de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Venezuela y recrimina al gobierno de Maduro la existencia de presos políticos en el país.
El documento, que ha sido firmado por los doce países, recoge las 16 demandas realizadas por estos países al gobierno de Maduro, según han indicado en un comunicado conjunto.
En un intento por contribuir a la «restauración de la democracia», los estados han ofrecido su «pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa» y han alertado de que Venezuela «no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Asimismo, han rechazado el uso de la fuerza y han reiterado su «decisión de seguir aplicando la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela», así como de ofrecer su apoyo a «la decisión de Mercosur de suspender al país» del proceso de integración regional.
Según el texto, estos países «declaran su decisión a no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales» y «su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas».
Por otra parte, el decreto de funcionamiento de la ANC, aprobado por el cuerpo, determina que ningún poder constituido podrá contradecir sus decisiones, según un reporte de la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
«El poder constituido está subordinado a esta ANC; este es un decreto que refleja la buena voluntad de esta asamblea, que tiene un mensaje muy claro de cordialidad, de convivencia y de entendimiento entre los venezolanos», dijo la presidenta del cuerpo, Delcy Rodríguez.
La jefa del partido socialista gobernante, dijo que el decreto aprobado por unanimidad prohíbe a los legisladores en el Congreso tomar cualquier acción que interfiera con las leyes aprobadas por la ANC, recién instalada.
Rodriguez aseguró que el decreto tiene como objetivo fijar los lineamientos para la coexistencia de la ANC con los cinco poderes del Estado venezolano.
El decreto determina que la ANC podrá dictar medidas sobre competencia, funcionamiento y organización de los poderes públicos de modo inmediato.
«No estamos amenazando a nadie», dijo Aristóbulo Isturiz, primer vicepresidente de la Asamblea Constitucional. «Estamos buscando formas de coexistir».
Los líderes del congreso, que antes votaron por no reconocer ninguno de los nuevos decretos del Constituyente, dijeron que los legisladores tratarían de reunirse en el palacio legislativo este miércoles, pero había dudas sobre si los agentes de seguridad les permitirían entrar.