Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR
Quizá la palabra más socorrida y una constante en las conferencias matutinas del Presidente López Obrador, así como en los demás discursos oficiales, tanto del titular del Ejecutivo como des sus colaboradores, incluyendo a los legisladores de su partido y demás correligionarios, es la palabra “corrupción”. Cualquier problema que enfrenta la nueva administración parece tener su origen en dicho mal. Ello no es casualidad, el tema de la corrupción fue uno de los principales temas de campaña en la pasada elección federal y fue en particular el caballito de batalla del entonces candidato y hoy presidente de México.
No es ningún secreto que en la sociedad mexicana existen altos niveles de corrupción. Por ejemplo, como ya lo había referido con anterioridad en este mismo espacio, la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción (2017), difundido año con año por la organización Transparencia Internacional, nos situó en el lugar 135 de entre 180 naciones evaluadas. Un año antes, nuestro país estaba en el sitio 123, es decir, cayó en solo un año 12 lugares en la clasificación general. A nivel regional, solo estamos mejor situados que Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. A nivel internacional, nuestro país se encuentra empatado con países como República Dominicana, Honduras, Rusia, Kirguistán, Papúa Nueva Guinea y Laos. Asimismo, somos el país peor evaluado entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20. Pero el problema no solo es de percepción, es una realidad cotidiana que sufren y en la que también participan –voluntaria e involuntariamente– muchos habitantes de nuestro país.
No pretendo abordar aquí las posibles causas y soluciones del multifacético problema de la corrupción, sino más bien plantear una reflexión en torno a si todo lo malo que sucede en nuestro país es culpa de la corrupción. Creo que no hay una respuesta fácil a este planteamiento, ya que en gran medida ésta depende del ángulo desde el que se mire. Por ejemplo, ¿el problema de la educación pública que tenemos es culpa de la corrupción? En parte se podría decir que sí, ya que la venta de plazas de profesores era (y tal vez siga siendo) una práctica muy arraigada que privilegiaba las relaciones personales con los líderes sindicales por encima de la capacidad de los maestros en las aulas. Por otra parte, el problema de la educación difícilmente podría reducirse al asunto de la venta de plazas, ya que otros obstáculos como los contenidos educativos, la falta de recursos para las escuelas y los materiales didácticos han sido también factores que han influido de manera determinante en la mala calidad de la educación.
Como lo ilustra el ejemplo anterior, y bajo la misma lógica, la mayoría de los grandes problemas que nos aquejan como nación tienen muy probablemente un componente de corrupción. No obstante, achacar todos nuestros males a este flagelo es una simplificación en exceso de nuestra realidad que conlleva el riesgo de que se pasen por alto otros factores que pueden estar incidiendo en dichos problemas y que, en muchos casos, pueden ser incluso más importantes que los relacionados con la corrupción. En otras palabras, por encasillar todos nuestros males bajo el rubro de la corrupción corremos el riesgo de tener un diagnóstico erróneo y, por ende, soluciones inadecuadas a los mismos.
Sin duda la bandera del combate a la corrupción es redituable políticamente y, por lo tanto, es un recurso discursivo que el Presidente ha utilizado de manera efectiva. Un ejemplo de ello es el combate al robo de hidrocarburos que lanzó el gobierno desde hace un par de semanas y el cual, de acuerdo con las últimas encuestas, ha encontrado un gran respaldo por parte de la población encuestada, a pesar de los problemas de distribución y abastastecimiento de gasolinas que se ha provocado. Qué bueno que este gobierno haya decidido atacar este grave problema, el cual ciertamente no se podría entender sin la corrupción de funcionarios públicos y trabajadores al interior de PEMEX y en distintos niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal); sin embargo, en este complejo problema también coexisten delitos del fuero común y federal que son cometidos por delincuentes y redes del crimen organizado (incluyendo gente del pueblo que nada tiene que ver con delitos de cuello blanco). Reducir todo a un problema de corrupción puede llevar –como pudo haber sido el caso– a decisiones precipitadas y errores de planeación en la estrategia de tan encomiable propósito.
Las generalizaciones pueden tener una función pedagógica, pero cuando se trata de analizar problemáticas concretas tienden a obviar elementos que pueden ser cruciales para su solución. Construir un verdadero Estado de derecho en nuestro país pasa por el combate frontal a la corrupción, pero no podemos pensar que al hacerlo desparecerán todos nuestros problemas como sociedad.