Miguel Tirado Rasso
Dicen que en política no hay coincidencias y menos en tiempos de campañas electorales, porque en éstas, al revés de lo que sucede en los procesos penales, todo puede ser usado en beneficio propio. O bien, de la causa política que se abandera y esto es lo que ha sucedido en el caso Chihuahua y el supuesto desvío de recursos federales para apoyar campañas priistas.
Y es que, no obstante que el gobernador actual, Javier Corral, lleva ya más de un año en el cargo (su toma de posesión fue el 4 de octubre de 2016), resulta que no fue sino hasta hace poco más de un mes y cuando el proceso electoral para la sucesión presidencial ya estaba en marcha, que este mandatario preparó el escenario para lanzar un misil que habría de golpear al PRI, a algunos de sus ex dirigentes, a funcionarios federales y, de refilón, hasta al (pre) candidato presidencial de este partido.
Una bomba, muy oportuna, cargada con uno de los males de la época, el desvío de recursos, delito por los que varios ex gobernadores han sido acusados y sometidos a proceso, por lo que la denuncia, de entrada podría tener visos de credibilidad, pero en lo que no hay duda, es que, mediáticamente, surtió, ipso facto, los efectos calculados de desprestigio y condena popular.
No se trata de defender o justificar el ilícito, si es que en realidad se cometió. Por supuesto que merece la investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes de comprobarse el delito. El país no aguanta ya más conductas de este tipo y debe acabarse con la impunidad.
Pero aquí, lo que llama la atención es la coincidencia en tiempos políticos, el comportamiento del gobernador Corral, en el que se aprecia un fondo político más allá de la intención de llevar a cabo una seria investigación que no rebase el ámbito judicial y la debilidad de la acusación, basada en la declaración de testigos protegidos, que, ante los beneficios que se les ofrecen, suelen dar testimonios a modo.
Pero con esos dichos, detuvieron al ex secretario general adjunto del tricolor, Alejandro Gutiérrez, que el gobernador utilizó como moneda de cambio en su pleito con la Federación en una clara politización de la justicia. Porque un día se quejó de que el gobierno federal pretendía quitarle a su detenido. Luego resultó que fue su propio fiscal estatal el que había hecho la solicitud formal para su traslado a un penal federal, con argumentos que mostraban al ex secretario adjunto priista como el peor de los criminales (cuenta un “índice de estado peligroso alto”, su perfil criminológico es de tipo contaminante y pone en riesgo la seguridad y gobernabilidad del penal estatal, fueron algunas de las conclusiones del estudio de su personalidad).
Más tarde, Corral reconoció que, efectivamente, ellos habían hecho la solicitud para el cambio, pero que ya no lo iban a entregar, según él, por falta de voluntad del Gobierno Federal para avanzar en los “acuerdos políticos.” El gobernador puso dos condiciones para ese cambio: que la PGR declinara la investigación a la fiscalía estatal sobre la presunta tortura al detenido y que la FEPADE se desistiera de ejercer la facultad de atracción sobre las investigaciones estatales relacionadas con la triangulación de recursos a las campañas del PRI. O sea acomodar la actuación de esas instituciones federales a la conveniencia de los intereses del gobernador, pasando por alto lo que ordenan las leyes.
A fin de cuentas el mandatario chihuahuense logró su objetivo al firmar un acuerdo entre su gobierno y el Gobierno Federal, por conducto del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en virtud del cual, entre otros puntos, se le entregan 900 millones de pesos que Javier Corral le reclamaba a la Federación y su gobierno acepta el traslado del procesado Alejandro Gutiérrez, a un penal federal.
El gobernador Corral logró, al menos durante el tiempo que duró su movimiento, desviar la atención de la grave situación de inseguridad que se vive en su estado, cuyo creciente índice de criminalidad no ha podido controlar; además de hacerse presente en la (pre) campaña del candidato presidencial panista, utilizando el caso como bandera de campaña política en contra el Gobierno Federal y el PRI..
O que otra cosa fue su marcha “Por la Dignidad,” que recorrió la mitad del país, más de cuatro mil kilómetros a través de doce estados, haciendo mítines, formulando denuncias y dando entrevistas un día sí y otro también, como candidato en campaña.