Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Habría que preguntarse, cuál es la razón para violar leyes, ignorar el orden jurídico y menospreciar el estado de derecho. Porqué, quien debería ser el más obligado, en el entendido de que todos lo somos, quien debiera ser el ejemplo para sus gobernados, atropella normas jurídicas para cambiar e imponer nuevas reglas, sin consideración alguna para los que, atendiendo y acatando las publicadas y vigentes, suscribieron contratos, adquirieron compromisos y contrajeron obligaciones, que, de un momento a otro, ya no significan nada.
Cómo es posible que desde el poder, un funcionario pueda borrar, de un plumazo, las reglas de operación para un servicio público, sin ningún fundamento técnico ni jurídico que sustente tal acción. ¿En dónde queda el imperio de la ley que debiera respetarse? Dice la doctrina que “el Estado ha de estar sometido en todas sus acciones a normas generales, fijas, públicas y previamente conocidas, aplicadas por tribunales imparciales e independientes, para que los ciudadanos puedan orientar su conducta por ellas y anticipar, con seguridad razonable, cómo actuarán las autoridades.”
El imperio de la ley, señala un estudioso del derecho, constituye un arma contra el crecimiento del autoritarismo estatal y una inhibición al poder estatal. Es el predominio de la ley sobre la arbitrariedad del poder político. Algo que, en la 4T, parece no tener vigencia ni importancia. A partir de los planteamientos de una nueva forma de gobierno, de cambios que se alegan como urgentes y necesarios para corregir y borrar un pasado que todo lo equivocó, según la retórica Morena, algunos destacados morenistas aplican, en el siglo XXl, un cómodo principio: el fin justifica los medios.
Sin reparo en las formas, esto es, en los procedimientos previstos por las leyes, imponen, arbitrariamente, nuevas reglas, en franca violación a la garantía constitucional de audiencia que establece que “Nadie puede ser privado… de sus…derechos, sino mediante juicio …en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
¿Porqué, pudiendo hacer las cosas respetando el estado de derecho, de acuerdo con la ley, se insiste en imponer la voluntad a fuerza? Guste o no, y, mientras jurídicamente no las reformen o desaparezcan, existen vías legales y organismos competentes para analizar y modificar, si es el caso, las reglas de operación en el sector energético. Pero, claro está, esto significaría entrar en un molesto proceso de análisis, diálogo y discusión con otras partes involucradas en el tema, exponer razones técnicas y económicas, escuchar argumentos de la contraparte. En resumen, respetar los procedimientos establecidos por la ley para hacer modificaciones y, esto, se ve que no está en el manual de funciones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que supone que sus ocurrencias deben aplicarse a como de lugar, inclusive atropellando la ley.
Cuando el mundo está preocupado por el calentamiento global. Cuándo la mayoría de los países miembros de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) logra una complicada y difícil coincidencia de propósitos y suscriben el Acuerdo de Paris ( 2015) cuyo objetivo es establecer medidas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para contener y mitigar el cambio climático. Cuando México, suscribió este acuerdo ( 2016) y se comprometió a que, para 2024, el 35 por ciento de la energía generada sería limpia; que reduciría, en un 25 por ciento, los GEI y, en un
51 por ciento, las emisiones de carbono negro, además de generar mecanismos económicos para producir energías limpias, la Secretaría de Energía (Sener), a través de su titular, arrogándose funciones que no le corresponden, desconociendo los procedimientos establecidos por la ley e ignorando compromisos adquiridos, aplica reversa para privilegiar el consumo de energía fósil, para beneficiar a la CFE.
El viernes de la semana pasada, tras un primer intento fallido, la Sener publicó, en el Diario Oficial, el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional .“ Con este documento, se pone en riesgo una inversión de 30 mmd en proyectos para generar energías limpias en 18 entidades de la Federación; usurpa funciones de la Comisión Reguladora de Energía; regresa al monopolio de Estado de la CFE, que retoma su capacidad regulatoria, de facto, en el despacho de energía eléctrica originada en plantas solares y eólicas, e ignora el requisito de una manifestación de impacto regulatorio, lo que llevó al titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a renunciar.
Total que si la secretaria Rocío Nahle, jugara boliche, habría logrado un juego perfecto por las chuzas que alcanzó con este Acuerdo, porque, aparte de lo señalado, es previsible que haya un incremento en las tarifas eléctricas y, desde luego, más contaminación. Porque, el costo de generación de energía de CFE puede llegar a ser hasta tres veces más elevado, por la ineficiencia de sus plantas y los insumos que utiliza: gas natural, diesel, carbón y combustóleo, que son más caros y más contaminantes, que las energías renovables.
Y, qué decir del mensaje de todo este sainete hacia el exterior, que no será muy estimulante para los inversionistas extranjeros que lo que buscan son países seguros y confiables en donde invertir su dinero, en los que se respete el estado de derecho y exista certidumbre jurídica, lo que, con éste y algunos otros ejemplos, quedamos descalificados, en automático.