Miguel tirado Rasso
En este año electoral, en el que se celebrarán los comicios más grandes de nuestra historia, el surgimiento de la pandemia del Coronavirus vino a ponerle un grado de dificultad mayor, a un proceso, de por sí, complejo y controvertido. Porque, no está muy claro que, para el mes de junio, la pandemia esté controlada y, como mucho se ha afirmado, tenemos que aprender a vivir con ella en una nueva normalidad. Así que, las autoridades electorales, léase el Instituto Nacional Electoral (INE), tienen que considerar esta circunstancia inesperada, y hacer los ajustes necesarios para que los votantes puedan emitir su voto y cumplan con su obligación cívica, sin poner en riesgo su salud.
Y si bien, la pandemia sigue siendo el tema del día y una de las mayores preocupaciones de nuestra población, ante el acelerado ritmo de decesos y contagios con los que se recibió al mes de enero, superando los cálculos más catastróficos (Hugo López-Gatell, dixit), el tema de las próximas elecciones también preocupa y ocupa, pues, tal vez, como nunca, unos comicios de mitad de sexenio tienen una relevancia tan especial para gobierno y ciudadanos.
Porque en el proceso electoral del próximo 6 de junio, además del número de cargos de representación popular en juego,15 gubernaturas, 30 congresos locales y las presidencias municipales en 30 entidades de la Federación, hay un interés particular en la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que la convierte en la joya de la corona.
Y es que, en juego está la conformación de fuerzas en la cámara baja. Por un lado, para Morena, conservar una cómoda mayoría, que le permita continuar como partido aplanadora, aprobando, sin chistar y sin discusión política, las iniciativas que el Ejecutivo le envíe. Por el otro, la búsqueda de un equilibrio político, por parte de los partidos de oposición, sumando fuerzas para elevar su peso en el Congreso y lograr que la bancada oficial y sus aliados, pierdan, mínimo, la mayoría calificada, lo que obligaría a que las iniciativas de la Presidencia, tengan que ser sometidas, a un proceso de debate y análisis con la oposición. Con esto, se pondría fin la práctica del mayoriteo que, con la 4T, se ha impuesto de nueva cuenta, repitiendo un pasado que suponíamos superado, a partir de la alternancia democrática.
El tema no es menor. Lo que está en juego, es determinante para el futuro del país. En el ánimo de llevar a cabo una transformación que deje huella histórica, se está cayendo en el borrón y cuenta nueva, con la desaparición indiscriminada de instituciones y servicios, sin un estudio o valoración previos que determinen la necesidad o conveniencia de su eliminación. Más grave aún, en muchos casos, no hay ni cuenta nueva, porque no existe quien los sustituya y con el vacío se causan graves perjuicios, en ocasiones irreparables. El seguro popular, las estancias infantiles, los refugios para mujeres y varios fideicomisos, son algunos ejemplos.
La facilidad con que la 4T está borrando el pasado, se la proporciona un Congreso a modo, en el que los legisladores de Morena y sus aliados controlan las dos cámaras. La de diputados, con una mayoría calificada que le permite cambios hasta constitucionales y la de senadores, con una mayoría absoluta. Aunque en ésta, no le suma para reformas a la Constitución y requiere votos de la oposición.
Nuestra Constitución, en su artículo 49, divide el Poder Supremo de la Federación, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Lo que obedece al espíritu del constituyente de mantener un equilibrio con contra pesos, para que ninguno de los poderes se imponga sobre los otros. Por eso cada poder es autónomo e independiente. De una manera muy elemental podríamos decir que al Legislativo le corresponde elaborar las leyes, al Ejecutivo gobernar y aplicar las leyes y al Poder Judicial, vigilar su cumplimiento.
Cuando uno de los tres poderes se impone sobre los otros, generalmente el ejecutivo, el principio del régimen democrático se pierde y ese predominio, que permite imponer una voluntad sin atender otras voces, suele dar paso al autoritarismo. Por eso, es importante que en el legislativo haya pluralidad y apertura, y se escuche a la representación de los diversos sectores de la población. Se atienda a los que están a favor, pero también a los que no lo están y discrepan. Porque las leyes que se elaboran, son de aplicación general, por lo que conviene estar abiertos a otras opiniones, puntos de vista o propuestas, para lograr un mejor marco jurídico para gobernar.
En teoría y en la práctica democrática, no cabe la sujeción de un poder a otro. Aunque puede no ser lo más cómodo para el gobernante, si es lo mejor para el país y para ejercer un buen gobierno, porque se evitan o limitan excesos y abusos de poder. La semana pasada comentábamos el caso del gobierno en Baja California, en el que, un gobernador con iniciativa, pero sin talento para gobernar, con control absoluto del Congreso local, merced a una mayoría calificada de la bancada de su partido, ha “gobernado” a base de ocurrencias, reformando y expidiendo leyes, que luego son desechadas vía impugnación ante tribunales, lo que tiene a los bajacalifornianos al borde de la desesperación.
Contar con una Cámara de Diputados más equilibrada, en la que los debates y la discusión política puedan tener lugar, sin que la balanza esté inclinada, de antemano, hacia un solo lado, resulta lo mejor, lo más sano y benéfico para nuestra democracia y para el desarrollo del país. Que la oposición busque este equilibrio de fuerzas en la cámara baja, no es una perversidad ni un complot, es parte del juego político y está en su legítimo derecho.