Miguel Tirado Rasso
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Cuando en el Instituto Nacional Electoral (INE) suponían haber descubierto la cuadratura del círculo para lograr el ansiado piso parejo en la carrera presidencial hacia Los Pinos, el mundo político y demás interesados en el proceso, empresas y medios de comunicación, entre otros, se le fueron encima bombardeando el acuerdo correspondiente con una lluvia de recursos (366), el mayor número, se dice, que haya recibido un acuerdo de esta autoridad, impugnando su validez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Para desconsuelo del INE, su audaz acuerdo fue revocado por el Tribunal, al considerar que había excedido sus facultades normativas, invadido atribuciones del legislador al pretender emitir una reglamentación sobre el artículo 134 Constitucional y, por si fuera poco, por limitar indebidamente los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de la información.
Y es que durante mucho tiempo, varios aspirantes a la silla presidencial, se brincaron las trancas legales a ciencia y paciencia de la autoridad, exponiendo su proyecto político y promoviendo su imagen en medios de comunicación y en giras a lo largo y ancho del país, a costa, algunos, de las prerrogativas a que tienen derecho sus partidos políticos, lo que evidenciaba una inequidad alegada y denunciada, infructuosamente, por los que no tenían acceso a esos recursos.
Pero la propuesta del INE, de establecer un límite a la promoción personal en medios durante un período, que correría a partir del inicio formal del proceso electoral, o sea, a partir del 8 del presente mes y hasta el inicio de las precampañas, llegó demasiado tarde, cuando varios actores llevaban meses y hasta años trabajando en su promoción. Poner un límite al activismo, a estas alturas, no sólo no iba a garantizar equidad entre los participantes, sino que además resultaba injusto para quienes han sido respetuosos de los términos que establece la ley en materia de actos anticipados de campaña.
Hay dos claros ejemplos de quienes se despacharon con la cuchara grande de las prerrogativas de sus partidos para su promoción personalizada, durante todo este año, por lo menos. Uno, sin ocultar su proyecto político, porque lleva años en el intento, además de que corre con la ventaja de que no hay quien le dispute el honor de la candidatura presidencial ni quien le reclame el uso y abuso de los recursos de su partido en beneficio de su aspiración vital. Ni caso tiene hablar de lo que hubiera pasado de no haber sido revocado el acuerdo regulatorio para garantizar la equidad. ¿Usted cree que el dueño de Morena lo hubiera respetado?
El otro caso es más retorcido, porque sigue una estrategia contraria a la del tabasqueño quien no oculta su aspiración. El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, a partir de que asumió la presidencia del CEN de su partido, se deslumbró con el poder y las posibilidades que le brindaba el cargo y lo obnubiló la ambición. Sigiloso, sin embargo, hasta la fecha no muestra su juego, a pesar de que en los hechos nadie tiene duda hacia donde se dirige.
Su problema es que, a diferencia de lo que sucede en Morena, en el blanquiazul sí tiene competencia y también quien le reclame el aprovechamiento de las prerrogativas del partido en su beneficio personal. En lo que lleva en el cargo, el queretano ha aparecido en cientos de miles de spots. Hay quien calcula en más de un millón y medio, que, sin duda, han contribuido a mejorar su posicionamiento político, aunque no lo suficiente como para encabezar las encuestas de aspirantes presidenciales de su partido, lo que seguramente lo tiene preocupado, pero no al grado abdicar de su obsesión política.
Anaya tuvo un buen año electoral en 2016, sorprendiendo con más triunfos de los que él mismo esperaba (7), lo que fortaleció su siempre oculto ánimo futurista. Pero en este 2017 las cosas no han salido como él quisiera. En primer lugar, hubo decepción electoral al ganar solo una gubernatura (Nayarit) de tres en disputa, aunque hay una pendiente de resolver (Coahuila). En segundo lugar, está la publicación de un reportaje en un diario de circulación nacional, El Universal, en el que llama la atención el desproporcionado incremento en su fortuna y la de su familia política, al pasar de 22 millones de pesos a 308 millones, en tan solo14 años. Y, a partir de esto, el mundo se le ha venido encima al dirigente panista.
En su estrategia por desviar la atención sobre el cuestionamiento de su fortuna familiar, el dirigente panista se enredó. Culpó al PRI de haber patrocinado el reportaje; buscó institucionalizar el enfrentamiento con el tricolor, alegando que el motivo era su rechazo al pase automático del actual procurador a primer fiscal de la Nación; declaró, por su cuenta, el estado de guerra de su partido contra el PRI y el gobierno; provocó una crisis histórica en el Congreso, y descalificó y golpeó a senadores de casa que no comulgan con su proyecto político, amenazándolos hasta con su expulsión de las filas panistas.
Divisiones, enfrentamientos y escándalos en el peor momento, justo cuando lo que se requiere es fortalecer la unidad del partido, a toda costa; tener disposición absoluta y compromiso total con sus principios, y liderar con madurez una lucha institucional, que no personal. A fin de cuentas, lo que está en disputa es la cima del poder, nada más ni nada menos. Pero esto no puede valorarlo quien está decidido a poner en riesgo todo por la obsesión en su proyecto personal. Y ese, parece ser el problema del todavía muy joven dirigente panista.