Jorge L. Velázquez Roa
@JorLuVR
La función reguladora del Estado es tan importante como la emisión de papel moneda, el establecimiento de un presupuesto público o el cobro de impuestos. Las regulaciones -entendidas como el conjunto de instrumentos normativos como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, entre otros, que imponen requisitos, límites, derechos y obligaciones que los particulares deben cumplir- se encuentran en todos los ámbitos de la vida del ciudadano y afectan su comportamiento, desde la forma de consumir ciertos productos, de producirlos o en la toma de decisiones en distintos ámbitos como el financiero o de telecomunicaciones. En otras palabras, la regulación dicta las reglas del juego para realizar actividades económicas, políticas, sociales y administrativas. A través del tiempo, los gobiernos han establecido regulaciones para brindar seguridad y proteger de potenciales riesgos a los consumidores, la salud, la seguridad y el medio ambiente, y de esta manera influyen en el comportamiento de la sociedad.
De ahí la importancia que los gobiernos cuenten con una política pública explícita o política regulatoria que garantice que las regulaciones cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas y que sean coherentes con el resto de las políticas públicas, buscando al mismo tiempo que las mismas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Parte nodal de esta política es el proceso continuo y permanente de mejora de la regulación existente y de nueva creación (mejora regulatoria), el cual implica un proceso de escrutinio, tanto gubernamental como público en general, de las nuevas regulaciones (y de las ya existentes) que han de normar las actividades y relaciones público-privadas. El objetivo de este proceso de mejora radica en mejorar la calidad de las regulaciones.
Hace ya más de dos décadas que México empezó a trabajar y a construir las instituciones encargadas de implementar y coordinar el trabajo en este ámbito a nivel federal. La adición de un Título sobre “Mejora Regulatoria” a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y la creación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) en el año 2000 representan sin duda la cara más visible de este proceso. Si bien este ha sido un proceso largo, el camino andado ha rendido frutos tangibles en términos de mayor transparencia, disciplina en la elaboración de regulaciones, y justificación de la necesidad y beneficios de las mismas; estos frutos, han sido reconocidos a nivel internacional por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No obstante lo anterior, con el paso del tiempo, la complejidad regulatoria derivada de la existencia y emisión de nueva normatividad en diferentes niveles de gobierno, de los cambios en el número y funciones de los reguladores, de la falta de coordinación entre poderes y órdenes de gobierno, así como el surgimiento de nuevas formas de regulación, entre otros aspectos, han puesto de manifiesto las limitaciones del actual marco normativo que da sustento a la política regulatoria en México para enfrentar estos retos y la necesidad de actualizarlo.
En este orden de ideas, el Presidente de la República presentó en abril de 2016 una reforma a la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Mejora Regulatoria. Una vez aprobada la reforma y publicada en febrero de 2017, en diciembre de ese mismo año el Presidente presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria. Una vez discutida y dictaminada, la misma fue turnada la Cámara de Senadores a inicios del mes de marzo de este año, en donde se encuentra actualmente en espera de ser dictaminada. Entre otros aspectos relevantes, la iniciativa contempla:
- La creación de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria
- El establecimiento de una Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria
- La creación de Sistemas de Mejora Regulatoria en las Entidades Federativas
- La creación de un Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria
- La creación de un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios
Si bien no se pretende hacer en estas líneas un análisis integral de esta iniciativa, sí llama la atención un aspecto que es central en el tema de mejora regulatoria y que parece haber sido olvidado por partida doble.
Por un lado, la consulta pública es considerada a nivel internacional un principio y una herramienta de la mejora regulatoria, ya que permite a los reguladores obtener información y retroalimentación por parte de actores relevantes y de la ciudadanía en general respecto de los proyectos de regulación que se pretenden emitir. En la iniciativa que está a discusión actualmente en el Senado no se incluyó la consulta pública -a contracorriente de las mejores prácticas internacionales- como parte de los principios que habrán de orientar la política regulatoria en nuestro país (artículo 7 del proyecto de Ley), ni tampoco como una herramienta del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria (artículo 7 del proyecto de Ley). Con ello se pierde una oportunidad de generar procesos de inteligencia colectiva que permitan mejorar la calidad de las regulaciones, entre otros beneficios que conlleva la consulta pública.
Por otra parte, y en el mismo sentido, llama la atención que esta iniciativa de Ley no haya sido tampoco sometida a un proceso amplio e incluyente de consulta pública. Los pocos eventos públicos realizados para su discusión carecieron de una convocatoria amplia y abierta que permitiera a actores distintos a las cúpulas empresariales y a algunas contadas instituciones de educación superior participar de manera activa y efectiva en su mejoramiento. Incluso, en su momento la COFEMER no hizo público el anteproyecto de Ley y su respectiva Manifestación de Impacto Regulatorio al amparo del artículo 69-K de la LFPA. La celeridad y la opacidad parecen haberse impuesto ¿Acaso no debería la Ley que pretende mejorar los procesos regulatorios predicar con el ejemplo?